El Ministerio de Agroindustria de la Nación declaró el estado de emergencia agropecuaria en distritos de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, La Pampa, Río Negro y Salta, a través de las resoluciones correspondientes publicadas en el Boletín Oficial.
En el caso de Buenos Aires, la Resolución 11-E/2017 abarcó a las explotaciones agropecuarias afectadas por incendios ocurridos desde diciembre de 2016 a mediados de enero de 2017 y alcanza a Balcarce (circunscripciones III y VI), Dorrego (III y VII), Rosales (VI, VIII y X), Bahía Blanca (V, VII y XIII), Puán (X), Saavedra (V), Tornquist (III, IV, VIII y X), Tandil (I y X) y la totalidad de Patagones y Villarino, por el plazo de seis meses a partir del 11 de enero de 2017.
Se determinó que el 10 de julio de 2017 es la fecha de finalización del ciclo productivo para las explotaciones afectadas de las áreas declaradas en la emergencia agropecuaria y los bancos nacionales, oficiales o mixtos y AFIP arbitrarán los medios para que los productores gocen de los beneficios previstos en la Ley 26.509, mientras que dispondrán de ese mismo régimen tendrán La Pampa y Río Negro y Santa Fe, con fecha límite para el 27 y 30 de junio, respectivamente.
En Santa Fe se dispuso el estado de emergencia desde el 1 de enero hasta el 30 de junio para las actividades agropecuarias afectadas por precipitaciones, anegamientos temporarios y desbordes de arroyos y cursos de agua en todo el territorio provincial, a excepción del Departamento 9 de julio.
También a través de la Resolución 5-E/2017 se declaró el estado de desastre agropecuario en distritos pampeanos desde el 6 de enero de al 30 de junio de 2017, por incendios en los Departamentos Guatraché, Hucal, Caleu-Caleu, Loventué, Utracán, Lihuel-Calel, Chalileo, Limay-Mahuida y Curacó.
En el caso de Río Negro la emergencia abarca los Departamentos Pichi Mahuida, Avellaneda, General Conesa y Adolfo Alsina.
En tanto, para Córdoba se prorrogó el estado de emergencia y desastre agropecuario hasta el 31 de marzo para las explotaciones agrícolas, ganaderas, tamberas y apícolas perjudicadas por el anegamiento de suelos por lluvias extraordinarias.
La medida abarca las cuencas hidrográficas Río Carnero y Salsipuedes; Río Jesús María y Río Pinto; Río Totoral y Arroyo Macha; Corral de Bustos y Arroyo del Pescadero; Río de los Tártagos y Río Seco y Sistema Río Dulce, que fuera declarado por la Resolución 2016-353-E-APN-MA del 3 de noviembre de 2016.
Por otra parte, se prorrogó hasta el 31 de marzo de 2017 el estado de emergencia y/o desastre agropecuario para las explotaciones agropecuarias en las cuencas hidrográficas Río Carcarañá, Sistema Vicuña Mackenna, Arroyo Santa Catalina, Sistema de Canals, Río Quinto (Popopis), Sistema de General Roca, Sistema Morteros, Río Segundo y Sistema San Francisco, que fuera declarado por las Resoluciones 20 del 18 de febrero de 2016 y 167 del 4 de mayo de 2016, y prorrogado por la citada Resolución 2016-353-E-APN-MA.
En Salta los productores afectados por heladas tempranas y sequía contarán con el estado de emergencia desde el 1 de julio de 2016 al 30 de junio de 2017 a los productores de maíz, ají y poroto de los Departamentos de Rosario de la Frontera y La Candelaria.
También se declaró el estado de emergencia y/o desastre agropecuario por sequía desde el 1 de julio de 2016 al 30 de junio de 2017, a los productores de maní de los Municipios de Las Lajitas, Apolinario Saravia y General Pizarro del Departamento de Anta.
Paralelamente, se declaró el estado de emergencia y/o desastre agropecuario por sequía y heladas tempranas desde el 1 de julio de 2016 al 30 de junio de 2017 a los productores de alfalfa, ganadería mayor y menor de los Departamentos de Santa Victoria, Iruya, Los Andes, Chicoana, Rosario de Lerma, La Poma, Cachi, Molinos y San Carlos.
El Ministerio declaró también el estado de emergencia y/o desastre agropecuario, desde el 1 de julio de 2016 al 30 de junio de 2017, por sequía y heladas tempranas a los productores de pimiento para pimentón, arveja y tomate de los Departamentos de La Poma, Cachi, Molinos y San Carlos.
Fuente Ámbito Financiero