Santa Fe, fue pionera en diseñar y planificar de manera amplia y participativa un plan estratégico de crecimiento y desarrollo formulando políticas públicas concretas para nuestra provincia. Sin embargo, hoy se encuentra inmersa en la más absoluta improvisación, falta de gestión y sin rumbo claro que le den solución a los problemas de los santafesinos y santafesinas.
Para reseñar lo dicho, puede observarse rápidamente cómo en materia de SEGURIDAD, todos los indicadores de violencia y de inseguridad crecen, y la no convocatoria a la Junta de Seguridad Provincial oculta saber cuál es el Plan de Perotti para que la Paz y el Orden sean una realidad en Santa Fe. En materia de SALUD, atravesando una de las crisis sanitarias más importantes de nuestro país, no existe información pública, precisa y transparente del plan de vacunación previsto para nuestra provincia. Otro tanto sucede en materia de EDUCACIÓN, donde la falta de diálogo del gobierno Provincial imposibilitó la elaboración participativa entre docentes, estudiantes, padres y madres de un programa de vuelta a clases presenciales de manera clara y segura.
Sin embargo, la improvisación del Gobierno Provincial campea en todos lados, y la Administración de Ingresos Públicos (API) no es la excepción, con el conocido “impuesto a las patentes”.
Párrafo aparte merece la situación que aún debe explicar el actual Administrador de Ingresos Públicos sobre su accionar dudoso, que hace a la intervención del propio Administrador Provincial como abogado en los juicios por apremios que lleva adelante el organismo, lo que le ha generado el cobro de importantes honorarios que provienen de los contribuyentes, en una conducta incompatible con las obligaciones establecidas en la Ley de Ética Pública N°13.230 y que lo hace pasible de sanción o de remoción.
Pero volviendo al “impuestazo a las patentes”, esta situación dejó en evidencia la falta de gestión y planificación del organismo recaudador, ya que la imprevisión de sus autoridades, generó un aumento desmedido, arbitrario e injustificado sobre el impuesto a las patentes. Resulta inconcebible que las autoridades de la API no hayan advertido que la simple aplicación de la normativa vigente iba a producir el aumento sobre ese impuesto y en la magnitud en la que efectivamente se produjo.
Lo insólito de esto es que el actual secretario de Ingresos Públicos Provincial, intenta comunicar como un logro del Gobierno la reducción del impuesto a las patentes, dejando en evidencia la propia torpeza e imprevisión de las autoridades del organismo recaudador.
El impuestazo a las patentes se podría haber evitado
Tuve la oportunidad de ser parte del API durante la Gestión del FPCyS y me consta que sobre fin de cada año siempre preocupaba a las áreas del organismo encargadas de la emisión y por ende de realizar las proyecciones necesarias del impuesto a las patentes, quienes se ocupaban de trasladar sus inquietudes a los funcionarios para diagramar las medidas a su alcance para evitar incrementos desmedidos como el sucedido.
No es la primera vez que se detectan aumentos, pero nunca han sido tan generalizados y tan desproporcionados como los que sucedieron en esta emisión2021, dado que llegaron en la mayoría de los casos al doble, cuando no incluso hasta más de tres veces el impuesto pagado en el año anterior.
La cuestión es clara. El aumento sucedió porque no se hicieron las tareas previas. Porque se improvisó sobre la marcha. Ante la realidad de los hechos, el Gobierno Provincial tuvo que dar marcha atrás y reconocer su impericia. La solución vino de la mano de una ley motivada por el reclamo unánime de los contribuyentes y diversos proyectos que se presentaron en la Legislatura Provincial, tendientes a poner un límite a ese incremento desmedido, aún antes que el Poder Ejecutivo remitiera su proyecto de ley.
Hoy el problema está resuelto, a pesar del malestar e intranquilidad que generó en los contribuyentes. Lo que resulta inexplicable aún, es la negación del Gobierno Provincial en reconocer los errores. La única manera de poder abordar los problemas, como es impuestazo a las patentes, es reconocer que el error existió y no pretender comunicarlo como una solución exitosa.
Es evidente que el Gobierno Provincial no tiene un programa de gobierno, pero lo que es más grave aún, tampoco tiene la voluntad de convocar al diálogo participativo para dar respuestas a los problemas de los santafesinos.
Desde el Frente Progresista Cívico y Social, nos ponemos a disposición del Gobierno Provincial para brindar herramientas y proponer soluciones a los problemas que atravesamos los santafesinos. Solo hay una única condición, la del diálogo franco, genuino y sin mezquindades políticas, que posibiliten reconocer los problemas y aunar esfuerzos para solucionarlos.
Por Lorena Ulieldin
Foto Archivo
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