El (MPA) Ministerio Público de la Acusación entregó 1.300 armas y 23.500 municiones para que sean destruidas
Fueron secuestradas en investigaciones penales desarrolladas en toda la provincia de Santa Fe. Antes de fin de año se entregarán otras 2.700 armas y 16.500 municiones más. Destacan la importancia de las tareas como un paso fundamental para retirar las armas del mercado ilegal.
Un total de 1.300 armas y 23.500 municiones secuestradas en investigaciones penales llevadas a cabo en toda la provincia de Santa Fe fueron trasladadas para su destrucción a la sede del Banco Nacional de Materiales Controlados (BANMAC) en Buenos Aires.
La diligencia fue realizada esta mañana en el marco de un operativo coordinado por la Fiscalía General del MPA y por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), y que contó con la colaboración de personal de la Tropas de Operaciones Especiales de la policía provincial.
“Se trata de la primera entrega de 2022”, aclaró Marina Pieretti, funcionaria de la Fiscalía General del MPA a cargo de la coordinación de las tareas. “En los cuatro meses que quedan de este año se prevé el traslado de otras 2.700 armas y 16.500 municiones más”, agregó.
Controles
Pieretti explicó que “al tratarse de armas y municiones secuestradas en investigaciones judiciales se deben cumplir una serie de requisitos administrativos y de seguridad”. En tal sentido, detalló que “por eso es que todas las gestiones que realizamos desde el MPA en relación a este tema están certificadas y cumplen con normas ISO”.
“Se investiga el origen de las armas, se etiquetan, se precitan, se llevan a un depósito del MPA en Rosario y luego son entregadas a la ANMAC”, precisó Pieretti. “Asimismo, la ANMAC hace un chequeo de la información y luego de este segundo control dispone la destrucción”, añadió.
“Cada arma y cada munición que entregamos está relacionada con investigaciones penales que ya finalizaron y en el marco de las cuales hay una resolución judicial que ordena su destrucción definitiva”, remarcó Pieretti.
Por último, la funcionaria concluyó que “todo este proceso es fundamental para lograr retirar las armas de fuego del mercado ilegal”.
