En la provincia el Poder Ejecutivo promulgó la prisión preventiva por la portación de armas
Con la firma del gobernador, Omar Perotti, y de la ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Celia Arena, el Poder Ejecutivo promulgó un agregado al artículo 221 del Código Procesal Penal de la provincia para incorporar a la figura de peligrosidad procesal al portador ilegal de armas de fuego por lo que habilita a que su detención implique el dictado de la prisión preventiva.
Con la publicación de la norma en el Boletín Oficial terminó un largo trámite parlamentario que demandó el paso del expediente por el máximo de instancias que prevé la Constitución provincial. La norma tuvo el fuerte empuje de las organizaciones de víctimas de Santa Fe y de Rosario que militaron el proyecto que tomó como bandera Oscar Martínez (Frente Renovador) en la Cámara de Diputados y Lisandro Enrico (UCR – General López) en el Senado. De todas maneras, hubo objeciones y advertencias especialmente en la Cámara Baja de parte de Matilde Bruera (Lealtad Kirchnerista) y, por fuera de Legislatura, de varios actores del derecho penal que advierten sobre la inconstitucionalidad del agregado al Código.
El Senado en dos ocasiones modificó la postura de Diputados y con el mismo propósito la Cámara Alta propuso reformar tres artículos del Código: 219, 220 y 221. Martínez, en tanto, justificó la decisión de la Cámara de Diputados al indicar que la recomendación de jueces y fiscales es optar por esa redacción ya que la propuesta por el Senado podría tornar inconstitucional a la reforma.
Bruera insistió en considerar un error la sanción y recordó a El Litoral que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya declaró inconstitucional ese tema cuando provincia de Buenos Aires lo incluyó en su código procesal penal más allá de numerosos fallos de cámaras en todo el país. «Cada vez que hay inseguridad, inventan esas cosas, que son inaplicables por inconstitucionales. La prisión preventiva, ya está legislada para todos los delitos, para los casos de peligrosidad procesal y peligrosidad procesal es obstrucción del proceso y peligro de fuga» señaló a El Litoral la legisladora que es docente universitaria y alguna vez fue defensora general en la justicia federal.
Martínez insistió en marcar «de que el flagelo de la inseguridad y particularmente la violencia imperante hoy en nuestra sociedad están íntimamente relacionadas con la tenencia y utilización de armas de fuego. Basta ver las crónicas policiales de estos últimos meses donde se relatan una enorme cantidad de hechos relacionados con la utilización de armas de fuego contra bienes y personas. Las balas no solo sirven para dejar mensajes mafiosos y marcas en las paredes, sino que también provocan situaciones trágicas como vemos habitualmente». Además, le recordó a El Litoral que gran parte de los fundamentos del proyecto se basaron en los números que elabora el Observatorio de Seguridad Pública provincial sobre de las personas heridas por armas de fuego de los departamentos Rosario y La Capital.
