Un camarista penal de Rosario dictaminó que la policía no puede realizar detenciones por averiguación de antecedentes a personas que no lleven el DNI cuando ocurra una requisa espontánea en la vía pública.
La cuerda se tensa en el poder judicial y se ve no solo con la decisión de realizar paros como, el de mañana en toda la provincia, sino que como sucedió ayer, donde mediante un hábeas corpus de defensores públicos, pidieron el cese de detenciones masivas en base a la reposición de un artículo de la ley orgánica policial de Santa Fe, que según la interpretación oficial habilita al arresto de personas por no ir con su documento.
La medida judicial, va en sintonía con la “mano dura, que quiere exhibir Pullaro conjuntamente con la ministra Bullrich en la ciudad de Rosario” señalo una fuente judicial, “que cuando, detienen indocumentados se le escapan presos desde las comisarias” ironizó.
El camarista Gustavo Salvador, en una resolución de ayer indicó «En modo alguno podrá entenderse que la no portación de la documentación que acredite la identidad de una persona (DNI) ante el requerimiento de la autoridad policial resulta una causal que habilite la demora de la misma»
Las detenciones sistemáticas de personas por averiguación de antecedentes que terminan sin ser acusadas de ningún delito impulsaron a realizar una firme queja judicial al Servicio de Defensa Pública de Rosario, uno de los organismos estatales del sistema penal, que considera que la política preventiva en este campo del gobierno de Pullaro es arbitraria, rompe derechos de las personas y resulta una amenaza para todos los habitantes de esa ciudad.
El que realizó la presentación, un hábeas corpus, es el defensor público de Rosario, Martín Riccardi. Lo que reportó es que hubo 876 personas demoradas en Rosario entre mediados de julio y la primera semana de agosto. La mayoría fueron detenidas por no poseer DNI. En 385 casos la policía no informó el motivo del arresto. El relevamiento aportado por los defensores indicaba que la mayoría de los demorados eran personas en situación de calle.
Un dato adicional remarcado por los defensores públicos para resaltar lo que consideran un medio arbitrario para producir política de prevención es que de esos 4000 mil demorados solamente una persona tenía un pedido de captura activo. Lo que desbarata la idea de que es una política eficaz para la seguridad urbana.
Mañana se registra un paro judicial en toda la provincia, continuando con los reclamos y endureciendo la medida.
