Cuatro exdirectivos detenidos por sospechas de estafa y asociación ilícita
De acuerdo a los fiscales, los detenidos ocupaban cargos clave cuando la empresa declaró el default en 2019 y, actualmente, continuaban gestionando de manera irregular los fondos que ingresaban. Serán imputados en los próximos días y las penas solicitadas podrían alcanzar hasta 16 años de prisión.
En el marco de un megaoperativo que abarcó más de 20 allanamientos en puntos estratégicos de la provincia de Santa Fe como Rosario y Reconquista, relacionados con la causa que investiga presuntos delitos económicos de la empresa Vicentin, la Justicia detuvo este viernes a los exejecutivos Daniel Buyatti (expresidente de la compañía) y Roberto Gazze (exgerente). Luego, el sábado cerca del mediodía se entregaron en la sede de las Tropas de Operaciones Especiales (TOE) Omar Adolfo Scarel y Alberto Julián Macua, sobre quienes pesaban órdenes de captura.
Las acciones, que también se llevaron a cabo en puntos de la provincia de Buenos Aires, como Avellaneda y Adrogué, y en la Ciudad de Buenos Aires, fueron ordenadas por los fiscales provinciales Miguel Moreno y Sebastián Narvaja, quienes lideran la investigación por estafa y administración fraudulenta contra la empresa. De acuerdo a la investigación, los exdirectivos de la compañía ocupaban cargos clave cuando esta declaró el default en 2019, con una deuda que superaba los 1.500 millones de dólares, y son considerados por los investigadores como los presuntos jefes del engaño.
Además, los fiscales del Área de Delitos Económicos de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación consideran que, a pesar de no formar parte del directorio actual, los detenidos continuaban gestionando de manera irregular los fondos que ingresaban a la empresa. Los investigadores consideran que estas acciones habrían contribuido a agravar la situación de la agroexportadora, que actualmente se encuentra al borde del colapso.
Esta situación habría motivado la solicitud de prisión preventiva, en el marco de una causa que ya había presentado acusaciones formales a finales de 2023 contra 16 exdirectivos y auditores de la empresa. Los cargos incluyen asociación ilícita, estafa y administración fraudulenta, y las penas solicitadas por la Fiscalía de Delitos Económicos podrían alcanzar hasta 16 años de prisión.
