El intendente de Los Cardos, pequeña localidad del departamento San Martín, afronta un juicio por administración fraudulenta. Había reaccionado en forma violenta cuando fue detenido, aunque ahora se encuentra en libertad.
El presidente comunal de la localidad santafesina de Los Cardos, Carlos Alberto, de 59 años, fue imputado este martes como autor del delito de peculado (dos hechos), en concurso real con el delito de negociación incompatible con el ejercicio de la función pública. El hombre investigado transita el proceso en libertad, pero en su momento había sido detenido junto a su hijo por haber reaccionado de forma violenta contra el personal de la PDI de la UR XVIII.
La atribución delictiva fue realizada este martes en la sede de la Unidad Fiscal Especial de Delitos Complejos de la Fiscalía Regional en la ciudad de Santa Fe. Las fiscales que le endilgaron los ilícitos fueron María Laura Urquiza y Mariela Jiménez, quienes están a cargo de la investigación de los hechos.
Las fiscales detallaron que investigan “tres hechos ilícitos cometidos entre noviembre de 2013 y agosto de 2017, en los que el imputado actuó en su carácter de funcionario público”.
En relación al primer hecho, por el cual se le imputó la autoría de peculado, las fiscales precisaron que “se le atribuyó haber sustraído caudales públicos de la comuna de Los Cardos, cuya administración, percepción y custodia le fue confiado en razón de su cargo”.
En tal sentido, agregaron que “en reiteradas oportunidades entre 2016 y 2017, y tal como surge de las pericias contables realizadas, utilizó fondos de la comuna para realizar pagos de carga de combustible de un vehículo particular de uso familiar registrado a nombre de su hijo”.
“El otro ilícito por el cual también se le imputó la autoría de peculado, es por el empleo para provecho propio de servicios brindados por obreros pagados por la administración comunal a su cargo”, detallaron Urquiza y Jiménez. También precisaron que “se trató de tareas que realizaron los trabajadores durante 2015, en su casa particular y en otro inmueble en construcción contiguo a su vivienda”
Por último, en relación al delito de negociación incompatible con el ejercicio de la función pública, Urquiza y Jiménez explicaron que “se le atribuyó haberse interesado en determinadas operaciones para lograr el beneficio de un tercero”.
Agregaron que “entre fines 2013 y principios de 2014 contrató los servicios de flete a través de tres camiones que son propiedad de su hija. El servicio fue abonado por la Comuna y quedó registrado en el listado de movimientos por cuentas”.
Fuente Rosario 3
